Comité Jurídico Interamericano aprueba declaración sobre inteligencia artificial en los poderes judiciales

El Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad, el 7 de agosto de 2026, una declaración sobre el uso ético, responsable y seguro de la inteligencia artificial en los poderes judiciales de la región. La iniciativa, impulsada por la relatora Alejandra Valencia Gartner, busca conformar una agenda de trabajo con los poderes judiciales de nuestro continente para abordar los principales desafíos de esta tecnología, en un contexto en que las regulaciones aún no están plenamente desarrolladas. Su elaboración recogió aportes de Estados miembros de la OEA, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con una perspectiva centrada en los derechos humanos.

Adoptado durante su 109.º período ordinario de sesiones, celebrado en Río de Janeiro, el instrumento ofrece orientaciones para que los Estados formulen, actualicen o fortalezcan sus políticas sobre estas tecnologías. Su eje central es que la innovación debe contribuir a la administración de justicia preservando la independencia judicial, la imparcialidad, el debido proceso y los derechos de las personas.

La declaración desarrolla nueve ejes para orientar a los Estados y sus poderes judiciales:

1. Responsabilidad y razonamiento judicial humanos. La IA debe actuar como herramienta de apoyo. Las decisiones, la valoración de las pruebas y su fundamentación deben permanecer bajo responsabilidad de los jueces.
2. Necesidades y capacidades de cada país. Cada Estado debe definir cómo incorporar estas tecnologías considerando su contexto, infraestructura y capacidades institucionales, fortaleciendo su autonomía técnica.
3. Marcos internacionales de referencia. Las políticas nacionales deben apoyarse en los instrumentos y orientaciones desarrollados por organismos internacionales, con un enfoque de derechos humanos durante todo el ciclo de vida de los sistemas.
4. Transparencia y posibilidad de revisión. El uso de IA debe quedar documentado de manera que las partes puedan conocer, comprender y cuestionar los criterios y las fuentes que hayan influido en sus resultados.
5. Protección de datos personales. Los poderes judiciales deben establecer controles para resguardar la información sensible, reducir el tratamiento de datos a lo necesario y prevenir filtraciones o accesos no autorizados.
6. Formación crítica de los operadores judiciales. La capacitación debe permitir comprender las limitaciones de estas herramientas, verificar sus resultados y evitar una confianza automática en las respuestas algorítmicas.
7. Cooperación regional. Se promueve el intercambio de experiencias, herramientas y capacidades entre países para impedir que las diferencias tecnológicas profundicen las desigualdades en el acceso a la justicia.
8. Derechos humanos como límite y orientación. La eficiencia y la modernización deben estar acompañadas de garantías para el debido proceso, la igualdad, la privacidad y la no discriminación.
9. Respuestas judiciales frente a nuevos fenómenos tecnológicos. Los tribunales deben desarrollar criterios para abordar controversias relacionadas con contenidos sintéticos, violencia digital, neurotecnologías, biometría y otras tecnologías emergentes, incluso cuando su regulación sea todavía insuficiente.

La elaboración del instrumento estuvo a cargo de la relatora Alejandra Valencia Gartner. El proceso recogió información y aportaciones de distintos Estados miembros de la OEA sobre experiencias de uso, marcos regulatorios, riesgos y medidas de protección de derechos humanos.

La recopilación de información contó con la colaboración de Fundación Kamanau y la Red Pro Bono de las Américas. Asimismo, la relatoría abrió, con apoyo de Kamanau, un período de consulta con especialistas de la región, cuyas contribuciones permitieron enriquecer el diagnóstico y las recomendaciones.

Fundación Kamanau asumió la secretaría técnica y la coordinación del trabajo de apoyo a la relatoría. Esta labor fue desarrollada por su directora legal, Natalia Monti, junto con Moisés Sánchez y Ciro Colombara, quienes trabajaron con la relatora en la recopilación y el análisis de la información y de las propuestas surgidas durante el proceso consultivo.