La sentencia chilena contra Worldcoin llega a Nature Human Behaviour

Una publicación en Nature Human Behaviour analiza los riesgos de intercambiar datos biométricos por incentivos económicos y recoge el caso impulsado en Chile por Fundación Kamanau y Colombara Estrategia Legal.

El debate sobre la protección de los datos biométricos tiene un antecedente chileno que hoy forma parte de una discusión internacional. El artículo Turning biometrics into a commodity raises privacy and governance risks, publicado el 2 de septiembre de 2026 en Nature Human Behaviour, examina las preguntas éticas, jurídicas y de gobernanza que surgen cuando las personas entregan información biométrica a cambio de una compensación económica.

Entre sus antecedentes centrales se encuentra el caso Worldcoin llevado adelante por Fundación Kamanau y Colombara Estrategia Legal, que culminó en 2025 con una sentencia de la Corte Suprema de Chile a favor de la protección de los datos de un menor de edad.

Un caso chileno con alcance internacional

El caso se originó después de que la compañía obtuviera datos biométricos del iris de un menor de edad a cambio de criptomonedas. La Corte Suprema acogió la acción y ordenó eliminar su World ID, así como todo registro, almacenamiento y tratamiento de sus datos biométricos.

La publicación presenta el fallo como la primera decisión judicial de su tipo y señala que la Corte consideró insuficiente el consentimiento y vulnerado el derecho a la privacidad. Para el equipo que impulsó el litigio, la decisión constituye un precedente internacional: la Corte Suprema chilena fue la primera Corte Suprema del mundo en dictar una sentencia contra Worldcoin por la recopilación y tratamiento de datos biométricos.

El artículo también recoge la posición de la compañía, que sostuvo que su tecnología incorporaba mecanismos de protección de la privacidad y cumplimiento de la normativa aplicable. Según exponen los autores, estos argumentos fueron rechazados en el caso chileno.

¿Qué implica convertir la biometría en una mercancía?

Los datos biométricos plantean problemas distintos de los que presentan otros datos personales. Los patrones del iris son únicos y no pueden sustituirse como una contraseña. Su recopilación y uso pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá del momento en que una persona acepta entregarlos.

El análisis advierte que los incentivos económicos pueden influir en la decisión de compartir información altamente sensible, especialmente cuando existen necesidades económicas o diferencias importantes de información. Esto obliga a examinar si el consentimiento es realmente libre e informado y si las personas comprenden los posibles efectos a largo plazo.

La publicación plantea, además, preguntas sobre la concentración de datos biométricos en redes privadas de alcance global, la supervisión de estos sistemas y la responsabilidad de quienes los administran. Los autores subrayan la necesidad de salvaguardas, transparencia y finalidades legítimas para el tratamiento de la información.

Una protección especial para niños, niñas y adolescentes

La situación de niños, niñas y adolescentes ocupa un lugar específico en el artículo. Su capacidad para evaluar riesgos futuros, las condiciones en que pueden decidir y el carácter permanente de la información biométrica exigen una atención reforzada.

El caso chileno aporta así una experiencia concreta al debate sobre cómo proteger los derechos fundamentales frente a tecnologías que pueden recopilar y procesar información personal a gran escala.

Un trabajo jurídico y académico colectivo

El equipo legal que representó al recurrente estuvo integrado por Natalia Monti, Moisés Sánchez, Ciro Colombara, Amanda de la Fuente y Aldo Díaz, quienes también son coautores de la publicación.

El proceso contó con informes jurídicos de expertos de distintos países: Ángel Judel, José M. Muñoz, Carlos Amunátegui Perelló, Diego Borbón, José Antonio Iglesias y José Ángel Marinaro, igualmente coautores del artículo.

Para Fundación Kamanau, esta publicación reconoce el valor de un trabajo colectivo y muestra cómo el litigio estratégico desarrollado desde Chile puede contribuir a una conversación global sobre privacidad, consentimiento, biometría y protección de los derechos humanos frente al desarrollo tecnológico.